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lunes, 8 de enero de 2018

España desoye las advertencias anticorrupción del Consejo de Europa

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, a finales de diciembre en Valladolid. 
España incumple todas las recomendaciones del Consejo de Europa sobre independencia judicial y prevención de la corrupción en el Parlamento. Cuatro años después de lanzar las primeras advertencias, el organismo europeo que vela por los derechos humanos y la democracia en el continente constata que España exhibe pocos progresos. El sistema de nombramientos de jueces y fiscales y el acceso de los lobistas a diputados y senadores figuran entre las principales deficiencias recogidas en un informe divulgado este miércoles.
No es habitual que un país suspenda durante años todas las recomendaciones que le dirige el Consejo de Europa. Pero la parálisis institucional en España —primero por la repetición de elecciones generales; después por la crisis catalana— y la falta de voluntad política han debilitado los esfuerzos contra la corrupción. “El informe habla por sí mismo. Cuatro años y medio después de publicar las 11 recomendaciones, ninguna se ha cumplido del todo. Tenemos un pequeño problema”, avisa Gianluca Esposito, secretario ejecutivo del grupo de Estados contra la corrupción (Greco, por sus siglas en inglés), dependiente del Consejo de Europa. El documento atribuye a España un cumplimiento “globalmente insatisfactorio”, aunque en siete de los 11 epígrafes se registran algunos progresos.
El funcionamiento de la justicia ocupa buena parte del análisis del organismo con sede en Estrasburgo. Pese a admitir que el vacío de poder que se produjo en España entre 2015 y 2016 ha retrasado las reformas judiciales, los autores del texto no dudan en lamentar “la falta de medidas más decisivas”. Entre las tareas pendientes citan el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —órgano de gobierno de los jueces— y de los presidentes de tribunales (provinciales, autonómicos, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). El grupo Greco, integrado por 48 países europeos y por Estados Unidos, echa en falta “criterios objetivos y requerimientos de evaluación” para esos cargos, aunque deja clara su confianza en la calidad del sistema judicial español.
Los guardianes de la lucha contra la corrupción en Estrasburgo celebran que el Partido Popular acordara con Ciudadanos modificar el sistema para que 12 de los 20 miembros del CGPJ fueran designados por los jueces, no por Congreso y Senado, que eligen a todos. También aplauden el compromiso de impedir que los parlamentos autonómicos propongan a los presidentes de los tribunales provinciales, pero instan a aplicar el mismo rasero de independencia a los nombramientos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Los expertos del Consejo de Europa apelan a la credibilidad de las instituciones para urgir a España a aplicar estas medidas. “Hace falta un cambio de marchas. Hay más posibilidades de evitar la corrupción si mejoran las medidas preventivas. Eso es particularmente relevante en España; desde 2013 se señala la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en los poderes políticos”, reflexiona Esposito en conversación telefónica.
La independencia del fiscal general del Estado también merece la atención del grupo Greco. El documento insta a repensar el sistema de selección y la duración del mandato de esta figura —designada por el Gobierno tras oír al CGPJ— para darle más autonomía. Los expertos creen que hay que garantizar la transparencia en las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal, que deben ser siempre por escrito y publicadas “de forma adecuada”.
También lastra los esfuerzos anticorrupción el escaso plazo que se da para resolver los expedientes disciplinarios abiertos a jueces y fiscales. La ley fija seis meses de margen. Transcurrido ese periodo, las posibles irregularidades prescriben. El Consejo de Europa destaca que en el caso de otros funcionarios judiciales (como los secretarios), el plazo de prescripción es de un año.

Inmuebles, intereses y regalos

Aunque más breve que el apartado judicial, la prevención de la corrupción en sede parlamentaria ocupa la primera parte del informe. La institución europea pide crear un código de conducta para diputados y senadores que dirima posibles conflictos de interés y establezca protocolos para la aceptación de regalos y comunicación de intereses económicos, entre otros elementos. Respecto a la declaración de intereses, Greco reconoce los avances, pero pide medidas adicionales, como informar del valor de mercado de los inmuebles que poseen los diputados, detallar los intereses abonados por los préstamos o consignar los regalos y los viajes patrocinados que han disfrutado.
Además, Greco exige un marco para regular los contactos con los llamados grupos de interés (por ejemplo, representantes de empresas que visitan a los parlamentarios para trasladarles sus preferencias legislativas).
Ante la resistencia española a aplicar estas recomendaciones, el Consejo de Europa ha abierto un procedimiento que eleva la presión política para lograr resultados. El primer paso ha sido el envío de una carta del presidente de Greco a la jefa de la delegación española en este grupo de Estados.

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