La distribución del crédito social


Los proyectos convencionales para financiar una Renta Básica Universal tienden a tomar como algo dado el sistema financiero existente y a asumir que no hay nada fundamentalmente equivocado en él. Pero, ¿y si ese sistema es, de hecho, profundamente defectuoso? ¿Y si éste no opera a pleno servicio del bien público, a pleno servicio del bien común? ¿Y si, a través del tipo de reforma monetaria conocida como Crédito Social, la provisión de un nivel básico e incondicional de ingreso para todo ciudadano pudiera asegurarse sin impuestos y sin incrementar la deuda pública?


Hay dos asunciones clave respecto del sistema financiero existente, –esto es, respecto de los sistemas bancario, de contabilidad del coste, y fiscal existentes–, que necesitan ponerse en tela de juicio.



La primera consiste en que resulte normal, o apropiado, o bueno, que el 95 % o más de la oferta monetaria de una nación venga a la existencia como deuda, o como algo equivalente a una deuda, en favor del sistema bancario privado.



Aunque el conocimiento de este hecho ha sido de dominio público durante décadas, vale la pena repetirlo: los bancos no actúan como meros intermediarios entre ahorradores y tomadores de préstamos; por el contrario, ellos crean el dinero que prestan a partir de la nada en forma de entradas contables, es decir, en forma de crédito bancario, cada vez que prestan, compran un título-valor o gastan dinero de cualquier otra forma introduciéndolo en la economía. De acuerdo con los principios de contabilidad de doble entrada, la creación del crédito genera tanto activos como pasivos en los libros de un banco. Un crédito que se mantiene en depósito en un banco, –con independencia de su origen por vía de un préstamo, una inversión, o gastos operacionales del banco–, es contabilizado como un pasivo, mientras que el préstamo, los títulos-valores, o la propiedad del banco, etc., se consideran como activos.



Aquello en lo que normalmente pensamos como dinero, esto es, los billetes y las monedas, por lo general son imprimidos y acuñados por una autoridad gubernamental; pero éstos simplemente constituyen la calderilla de la economía, ya que representan el 5 % o menos del agregado monetario en cualquier momento dado en el tiempo. A todos los efectos, la creación y emisión de dinero en forma de crédito constituye la prerrogativa de los bancos privados. Esto significa que los bancos privados, o el sistema bancario privado tomado en su conjunto, ejerce un monopolio sobre el crédito, y puesto que el crédito constituye la mayoría de la oferta monetaria, este monopolio bancario constituye casi un total “monopolio del dinero”.

Mas, ¿dónde está escrito que todo el dinero ha de venir a la existencia y ha de ser inyectado en la economía de esta manera? ¿Y si al menos algo de la oferta monetaria de una nación pudiera ser creado por otra agencia, digamos una agencia gubernamental o estatal, y se proporcionara de otra forma, digamos en una forma que estuviera libre de deuda (o de la necesidad de devolverlo) y de cualesquiera otros costes, es decir, en forma de crédito “libre de deuda”?

La segunda asunción común que necesita ser examinada críticamente consiste en la noción de que el sistema financiero es auto-liquidante, es decir, que todos los costes en que se incurre en el proceso de producción son simultáneamente distribuibles como ingresos, y que siempre hay ingresos suficientes en los bolsillos de los consumidores para contrarrestar y liquidar todos los costes correspondientes; es decir, que los costes y los ingresos están siempre en equilibrio automático. Pero, ¿y si esta asunción básica, a veces referida con el nombre de ley de Saw, ya no se sostiene más bajo las condiciones industriales modernas? ¿Y si algunos de los costes que los productores han de satisfacer a fin de poder ser solventes, NO fueran distribuibles como ingreso corriente a los consumidores? ¿Y si el sistema financiero no fuera auto-liquidante, con un flujo de costes, y, por tanto, de precios, que estuvieran excediendo al flujo de ingresos distribuidos a los propietarios, los administradores, y los trabajadores, de tal manera que el ingreso existente en los bolsillos de los consumidores –con independencia de su origen– no fuera automáticamente suficiente para contrarrestar y liquidar los precios correspondientes?

Quizás la vía más fácil para ver que el actual sistema financiero NO es auto-liquidante sea la de considerar que, si realmente lo fuera, el dinero se tomaría prestado de los bancos, registrándose así una deuda; sería distribuido a los propietarios, a los directivos y al trabajo, en virtud de su “propiedad” de los varios factores de producción, en forma de beneficios y/o rentas, salarios y sueldos; y, a continuación, ese ingreso sería usado para adquirir los bienes y servicios que habían sido hechos disponibles por la industria. La industria, a su vez, tomaría estos pagos de los consumidores y devolvería sus préstamos de producción. El flujo circular estaría en un estado perfecto de equilibrio, con el dinero y la deuda cancelándose dinámicamente el uno a la otra y quedando fuera de la existencia, dejando detrás una deuda residual de cero.



Pero esto no es lo que observamos. En su lugar, lo que vemos es que las deudas que se deben a los bancos privados tienden a crecer exponencialmente en el tiempo, pues los gobiernos, los negocios y los consumidores se ven forzados a tomar prestado más y más dinero, trayéndolo a la existencia, a fin de poder compensar la falta de ingreso o poder adquisitivo liquidante de costes del consumidor que se ha distribuido en el curso normal de la producción. El flujo circular de la economía solamente puede conseguir el equilibrio entre el flujo de los precios al consumidor y el flujo de los ingresos del consumidor incrementando continuamente la “hipoteca” colectiva de la sociedad, por así decir, tomando prestado dinero adicional de los bancos con el propósito de distribuir más ingresos y beneficios (por vía de producción adicional) y de proporcionar poder adquisitivo incrementado, en forma de préstamos al consumo. Sin la continua inyección de dinero-deuda nuevo y adicional, la economía se colapsaría.

De acuerdo con las propuestas presentadas en los años de entreguerras por el fundador del movimiento del Crédito Social, el Mayor C. H. Douglas, el método más efectivo, eficiente y justo para devolver al sistema financiero a una posición de auto-liquidación, en donde no se permitiera que se apilaran estas deudas masivas, sería el de a) romper el monopolio de los bancos privados sobre la creación y emisión del dinero, mediante b) el establecimiento de una Autoridad Nacional de Crédito, un órgano del Estado, para calcular el volumen de crédito “libre de deuda” que se necesita para equilibrar los ingresos con los precios, y distribuir ese crédito directamente a, o indirectamente en nombre de, el consumidor. Esto permitiría al productor recobrar todos los costes de producción mediante un flujo nuevo de ingreso liquidante de costes adecuado, no dejando detrás ninguna deuda residual y, por tanto, no contribuyendo en nada a una cada vez mayor montaña de deuda social, asegurando al mismo tiempo la plena y fácil distribución de los bienes y servicios a los consumidores.

El pago directo de un crédito “libre de deuda” al consumidor fue denominado por C. H. Douglas como “Dividendo Nacional”, y guarda ciertas similitudes remarcables con una renta básica. Vendría a ser un pago periódico, digamos mensual o bisemanal, realizado a cada ciudadano de un país, con independencia de su status de empleo. Bajo las condiciones industriales modernas, se preveía que un pago como ése sería al menos suficiente para cubrir las necesidades básicas de comida, ropa, cobijo, etc.

Las buenas noticias acerca de la perspectiva de un dividendo de este tipo, un dividendo financiado por vía de la reforma monetaria, consisten en que éste muestra que no es en absoluto necesario proporcionar una renta básica por medio de impuestos redistributivos, –es decir, robando a Pedro para pagar a Pablo–, o mediante el aumento de deudas gubernamentales.

Si la ley de Saw fuera correcta, y se distribuyera siempre automáticamente suficiente ingreso para satisfacer las exigencias de costes y precios, entonces sí, la única vía para financiar la renta básica sería la de tomar, por medio de impuestos, de aquéllos que tienen más para dárselo a los que tienen menos, o bien que el Gobierno tomara prestado más dinero, trayéndolo a la existencia, a fin de compensar el dinero ahorrado o invertido por el “rico”. Pero como la ley de Saw no se sostiene, el problema con el sistema financiero no consiste tanto en una distribución desigual –aunque existen inequidades injustas e, incluso, obscenas– sino más bien en una insuficiente distribución de ingreso. A nosotros, como comunidad, no se nos paga lo suficiente como para permitirnos adquirir en su totalidad lo que nosotros, como comunidad, producimos, liquidando simultáneamente todos los costes de producción. Ésta es la mayor inequidad por la que todos nosotros deberíamos interesarnos antes de preocuparnos por cualesquiera otras.


El Crédito Social está diseñado para remediar esta situación. Pues el sistema financiero, o bien puede servir al interés público, al bien común de la comunidad, óptimamente, permitiéndonos producir y distribuir todos los bienes y servicios que la gente necesita para sobrevivir y desarrollarse, y haciendo esto con la menor cantidad de consumo de recursos y de trabajo humano, o bien puede servir a intereses privados a expensas del bien común. En una medida significativa, el sistema existente hace lo segundo en lugar de lo primero, y hasta que no hagamos que haga lo primero, toda conversación cualquiera sobre reformas deja irresuelta la inequidad social fundamental y, por lo tanto, viene a ser como ponerse a reordenar las tumbonas de cubierta en el Titanic en lugar de alterar el curso del barco hacia una dirección más segura y constructiva.


Oliver Heydorn

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