Oficina Anticorrupción de pega y “puertas giratorias” bien engrasadas.



La epidemia de corrupción que infecta la gestión de lo público ha alumbrado un nuevo fetiche administrativo: las oficinas o agencias de lucha contra la corrupción que empiezan a proliferar en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos como antídoto para la gangrena.
Mejor les valiera a los viejos y nuevos políticos ocuparse de las causas de la corrupción sistémica, que tienen mucho más que ver con los manejos de aquella “aristocracia financiera” de la que hablaba Marx, que mientras “hacía las leyes, regentaba la administración del Estado, disponía de todos los poderes públicos organizados y dominaba a la opinión pública mediante la situación de hecho y mediante la prensa”, hacía posible “el mismo fraude descarado, el mismo afán por enriquecerse, no mediante la producción, sino mediante el escamoteo de la riqueza ajena ya creada”. Hoy continúa haciendo lo mismo, pero con medios más sofisticados.
En una viñeta de El Roto un político – empresario al uso enseña las entrañas de la corrupción contemporánea de forma más sintética, con la siguiente frase: “las tasas por corrupción van con las del alcantarillado y la recogida de basuras”
Pero si ya resulta ridículo que se pretenda combatir la corrupción olvidándose de las causas, como si la solución pasará solo por una intensificación del control de los efectos, el engañabobos se acrecienta cuando esas nuevas Oficinas o Agencias Anticorrupción se convierten en otro juguete burocrático inofensivo para colocar a la clienteleta de amiguetes.
La Oficina de Lucha contra la Corrupción que va a parir la Junta General del Principado en la futura Ley de Transparencia cumple todos los requisitos para calificarla como una Oficina Anticorrupción de pega: de mentira, falsa, fingida.
No es independiente del Gobierno al que va a fiscalizar, porque se incrusta dentro de él, adscribiéndose a una consejería. Su dependencia llega hasta tal punto que es el Consejo de Gobierno del Principado el que aprobará su organización, estructura y funcionamiento. Dicho de otro modo, es el aparato político – administrativo fiscalizado el que va decidir con qué recursos materiales y personales va a contar, cómo se debe organizar y cómo debe funcionar la Oficina de Lucha contra la Corrupción.
Si otras Comunidades Autónomas que han regulado ya por ley Organismos similares, como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana, los han adscrito directamente a sus asambleas legislativas para eludir el control político de los Gobiernos respectivos, ¿por qué motivos ello no es posible en Asturias?.
No tiene medios coercitivos para sancionar a la Administración a la que va a investigar si esta obstruye su trabajo. A diferencia de lo que prevén las leyes de creación de las agencias y oficinas anticorrupción de Cataluña, Baleares, Navarra o la Comunidad Valenciana, la futura ley asturiana omite un régimen sancionador que pueda servir para castigar la falta de colaboración con las investigaciones a desarrollar por la Oficina de Lucha contra la Corrupción o la desprotección malitencionada de los denunciantes (negativa a remitir expedientes, retraso injustificado, filtración de la identidad de los denunciantes etc.). Tal parece que las diputadas y diputados de la Junta General han querido fabricar un arma con la espoleta desactivada.
Se contempla la llamada “denuncia anónima” de forma deliberadamente confusa, remitiéndose a una futura regulación en la legislación básica del Estado que ni es necesaria, ni viene a cuento, como ya han tenido ocasión de señalar los Tribunales de Justicia. La denuncia anónima ya es perfectamente legal y viable, sin necesidad de ulteriores regulaciones, concibiéndola con el único alcance que puede tener: poner en conocimiento de la Oficina Anticorrupción unos determinados hechos que el denunciante anónimo considera irregulares, para que puedan ser objeto de investigación, sin que ello comporte por sí solo la iniciación de procedimiento sancionador alguno.
La regulación que se hace de la denuncia anónima en el Proyecto de Ley del Principado muestra una clara desconfianza hacia la misma y una pretensión, nada disimulada, de desactivar su admisión, postergándola a una futura, imprevisible e innecesaria ley estatal.
Y como colofón, a la chita callando, con todo sigilo y disimulo para que no se enteré nadie, las diputadas y diputados de la Junta introducen una regulación de las llamadas “puertas giratorias”, que traiciona las promesas electorales del PSOE, Podemos e Izquierda Unida sobre la materia.
El artículo 37 del Proyecto de Ley de Transparencia del Principado, titulado “limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese”, señala que los ex altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado durante los dos años siguientes a la fecha de su cese. En la práctica, el Proyecto de Ley se limita a reproducir el plazo que ya fija el artículo 15 de la vigente Ley 3/2015, de altos cargos del Estado y a repetir, de forma casi mimética, la regulación contenida en esta ley estatal.
Pues bien, el programa electoral del PSOE de Pedro Sánchez para las elecciones generales del 2016 planteaba fijar un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendieran incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hubieran tenido responsabilidades de regulación o gestión y la coalición electoral Unidos Podemos señalaba en el apartado 238 de su programa que establecería un mínimo de diez años hasta que un ex alto cargo pudiera intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de su responsabilidad pública. Izquierda Unida, por su parte, de la mano del entonces diputado en el Congreso Gaspar Llamazares, presentó en enero del año 2013 una iniciativa para modificar la Ley de los altos cargos con el fin de ampliar de dos a cinco años la incompatibilidad para ejercer en las empresas privadas ‘”que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual”
Tanto criticar el régimen vigente de las “puertas giratorias” y la cortedad del plazo de prohibición para fichar por las empresas privadas a las que se había beneficiado en el ejercicio de un cargo público, para traicionar todas las promesas a la primera de cambio.
Ante este tongo parlamentario, amañado por los viejos y los nuevos políticos, volvemos al grito indignado recuperado en las calles por el Movimiento del 15-M: ¡¡ manos arriba, esto es un atraco!!

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