Más de 4.000 personalidades se suman al manifiesto contra la manipulación histórica


Más de doscientos políticos, historiadores e intelectuales de todo signo, incluyendo socialistas, firmaron un manifiesto contra la reforma de la Ley de Memoria Histórica y las modificaciones propuestas por el actual Ejecutivo para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, además de la puesta en marcha de una polémica ‘Comisión de la Verdad’.


Ahora, son más de 4.000 las personalidades que ya han firmado el manifiesto iniciado por estos 200 intelectuales contra la "Comisión de la Verdad" del gobierno. El socialista Joaquín Leguina, el filósofo Fernando Savater, el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el historiador Stanley Payne, el pensador Antonio Escohotado, el escritor Fernando Sánchez-Dragó, el eurodiputado Enrique Calvet, la filóloga Elvira Roca Barea, el catedrático Sosa Wagner o el periodista Antonio Burgos, entre otros, suscribieron el comunicado emitido contra el revisionismo de las leyes de memoria histórica del actual gobierno del PSOE, en un manifiesto que se suma a otro lanzado por más de 600 oficiales y suboficiales del Ejército contra la exhumación, y que fueron expedientados por el Ministerio de Defensa.

El texto, "Manifiesto por la historia y la libertad", lanzado por la sociedad civil, apunta que "no se puede imponer por una ley un único relato de la historia", ya que ninguna normativa "debe o puede varias los hechos históricos".

Además el manifiesto señala que el anuncio de la Comisión de la Verdad, "amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la verdad única, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no gratos, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España". 

"No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron", resalta el escrito, calificando las normas sobre memoria histórica como leyes “de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido” ya que “ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado”, concluían. 

Por todo ello, consideraban que la ley debía “ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma”.


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