El BBVA ha podido cometer un delito continuado de cohecho y otro de administración desleal - DiarioAlcázar.com


El BBVA ha podido cometer un delito continuado de cohecho y otro de administración desleal

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Las revelaciones del ex-comisario Villarejo, al que contrató el BBVA para investigar y espiar a rivales profesionales y obtener información privilegiada para luego utilizarla en su beneficio, son hechos que pueden encajar en los delitos de un cohecho continuado a tenor de la preceptuado en el Art. 424 del CP y de un delito de Administración desleal a tenor de lo preceptuado en el Art. 252 del CP.

Es verdaderamente escandaloso que un banco, BBVA, haya empleado recursos de los miles de accionistas y depositantes para espiar e investigar a rivales políticos y económicos. Estas prácticas que podrían considerarse presuntamente mafiosas, no pueden consentirse en un estado de derecho y menos aún para una entidad del prestigio nacional e internacional como BBVA. Recordar que durante muchos años, se adjudicó al BBVA, los depósitos judiciales en la confianza de la Entidad y de sus gestores. Esta actuación de métodos mafiosos, ha tenido unos precedentes de prácticas irregulares que han terminado en los tribunales con condenas para la Entidad. Han sido las cláusulas suelo y las preferentes con miles de perjudicados. Si no es por la multitud de afectados a la entidad, en consecuencia con la reforma del CP, precedería la ilegalización de la Entidad como persona jurídica.

 Esta ilegalización no se ha pedido por la Fiscalía, siempre la obediente voz de su amo, en el caso de la Sociedad General de Autores de España, SGAE (Teddy Bautista), la Real Federación de Fútbol (Ángel María Villar), los ERES de Andalucía (UGT y CCOO) y en cambio sí se ha solicitado para Manos Limpias. Esta es la forma de actuar, sectaria, de los fiscales en nuestro país. El utilizar al ex-comisario Villarejo para obtener información ilegal de los rivales profesionales, a sabiendas de su influencia y que además como funcionario público no podía contratarle y menos aún para fines ilícitos, es un hecho de tal gravedad que no puede quedar impune, pues la credibilidad de nuestro estado de derecho, quedaría pulverizada. Muy mal está que un funcionario público acepte recompensas, además para fines ilícitos pero peor está que instituciones con miles de accionistas y depositantes, contraten servicios para fines ilícitos. 

 Miguel Bernad Remón, 
Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS.

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