La legitimidad del 18 de Julio en la actual democracia parlamentaria - ALCÁZAR


La legitimidad del 18 de Julio en la actual democracia parlamentaria

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Asistía atónita la izquierda en general, y los independentistas en particular, ante el auto emitido por el Tribunal Supremo que califica a Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 del noviembre de 1975”. Pero más allá de la controversia generada, y la evidencia de que el General Franco fue jefe del Estado Español desde su nombramiento hasta su muerte, existe una evidencia aún mayor: que la actual democracia parlamentaria debe su origen y legitimidad al Estado surgido del 18 de julio. Así lo atestigua el BOE (Boletín Oficial del Estado), creado por el ya Generalísimo Francisco Franco el 2 de octubre de 1936, y cuya validez perdura hasta nuestros días.


Pese a la pataleta de políticos, y algunos historiadores, no debería sorprender a nadie que la monarquía parlamentaria en España no tenga su legitimidad en la Segunda República.

Deberían tener en cuenta eso sí, que la bandera de España es la rojigualda -restablecida en 1936-, no la tricolor. Y que el Ejército Español, pese a las múltiples reformas, no es el Ejército Popular de la República, y sigue portando en su emblema oficial el águila establecido tras su Victoria en 1939.

Las estructuras y organización del Estado actual no pueden entenderse sin la sublevación del Ejército Español en 1936. No es bueno ni malo. Pero es la realidad. 


No reconocer a Franco como jefe del Estado desde el 1 de Octubre de 1936 supone no reconocer ninguna legitimidad a la democracia, cuyo restablecimiento sólo fue posible gracias al alzamiento nacional, que logró poner fin al intento del Frente Popular de imponer una dictadura comunista en España.

Como todo el mundo sabe la transición española se llevó a cabo “de la ley a la ley”, denominándose al cambio político que se producía como reforma y no como ruptura.


Y conviene recordar por último, que no reconocer al Estado Español surgido de 1936 supone también no reconocer al Rey, cuya legitimidad lógicamente no emana de la Segunda República. Deberían hacer ejercicio de memoria aquellos que tras la muerte del Caudillo (comunistas incluidos), no tuvieron reparos en aceptar el cambio legal producido. Cuarenta años después algunos pretenden cambiar no solo la historia, sino las evidencias que antes daban por buenas: que la actual democracia parlamentaria debe su origen al Estado surgido del 18 de Julio.

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