Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que formaliza el traspaso, que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre y el BOE lo ha publicado. Así, el gobierno de Urkullu, tendrá las funciones de "dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios ubicados en su ámbito territorial".
Además, según el Real Decreto 474/2021 de 29 de junio, el País Vasco asume "la ejecución, gestión, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas, medidas de seguridad, régimen abierto, libertad condicional y programas específicos de tratamiento e intervención", incluso podrá resolver sobre los destinos, permisos y tratamientos de los internos.
También acordaron traspasar otras tres competencias: transportes por carretera, asignación del código bibliográfico ISSN y la gestión del edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, en Vizcaya.
Mientras, el Gobierno habla de si el chuletón al punto o poco hecho...
No hay comentarios
Publicar un comentario
Diario Alcázar no se hace responsable de los comentarios vertidos por los usuarios. Modere su lenguaje y sea respetuoso. Gracias.